Psicóloga social. Ex subsecretaria de Niñez y Adolescencia en un tramo de la gestión Scioli. Recientemente designada en la dirección de Participación Comunitaria del ministerio de Seguridad de la Nación.
El punto central es qué hacer antes. Una vez sucedido el hecho, la cuestión es irremediable; hay dos familias destrozadas. Parte de la raíz está en los niveles de exclusión tremendos que vivimos en la etapa del neoliberalismo y que hemos venido superando con el proceso de inclusión iniciado con Néstor Kirchner y seguido con Cristina. De todos modos, no se resuelve en diez años, necesitamos más tiempo.
Es necesario encarar la problemática con profundidad y de manera integral. Eso significa poner eje, prioridad, en la población joven, que es víctima y, en esta situación, victimaria. No puede ser que este tema no sea prioridad en la agenda de políticas públicas. Y en la provincia de Buenos Aires, para el gobernador Daniel Scioli no lo es. Tengo reconocimiento por los esfuerzos que hace el ministro de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera, pero entiendo que el tema no es prioridad para el gobernador. Es claro que para la Provincia no es prioridad la temática de los menores.
Muchas veces se termina discutiendo sobre la baja de la edad de imputabilidad, incluso se termina proponiéndolo, y eso es una cuestión menor. Suponer que por bajar la edad de imputabilidad vamos a resolver este problema es engañarnos como sociedad. Quienes estamos trabajando desde hace años con la problemática, sabemos que no es esa la solución. Se puede decir demagógicamente que si se baja la edad de imputabilidad ponemos fin a la problemática de los menores que delinquen, etc., etc., pero no es cierto; bajaríamos la imputabilidad a 14 años, después a 10, y luego no sé hasta dónde.
Pero el problema es profundo. Y hay niños, incluso menores a 13 años, que portan armas, que están en situaciones de extrema vulnerabilidad, que son violentos, que han vivido situaciones estructurales de absoluta precariedad en la constitución de sus vínculos familiares; pero es un problema que hay que tomarlo.
Y no hablamos de una población inelástica. No es un universo tan inmenso que no es abordable, no es así. Cuando trabajé en la gestión de Seguridad, hicimos un trabajo de registro de ingreso a comisarías de menores, de toda la Provincia, y registramos un universo de 30.000 casos en aquel momento, y vimos que el 80 por ciento de los casos era por causas asistenciales y sólo el 20%, por causas penales. Es decir, estamos hablando de un número preciso y asible, con posibilidad de trabajarlo y abordarlo en serio.
No estamos frente a un tema vinculado a la falta de leyes sino frente a la falta de decisión política. Quedarnos en la discusión de la detención o no es quedarse en la epidermis de la cuestión. Hay que avanzar en la prevención y para hacerlo en serio es necesario poner los instrumentos a disposición.
Los pibes que hoy están privados de la libertad cuando salen no tiene perspectivas de reinserción y vuelven a delinquir porque no encuentran armada una estructura que los sostenga, a sus familias tampoco se las acompañó en su problemática de violencia y destrucción. En los institutos donde hay chicos privados de su libertad desde hace años, ellos mismos cuentan que no tienen ninguna perspectiva, horizonte de salida. Pensar que encerrándolos se resuelve el problema es un engaño.
Extraído: http://www.elargentino.com/nota-123038-Menores-crimen-y-castigo-.html
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